Tema 31

• Población activa: ocupados + parados.

• Tasa de actividad: Activa/Pob. 16+.

• Tasa de paro: Parados/Activa.

• Tasa de empleo: Ocupados/Pob. 16+.

España 2024: actividad 58,7 %, paro 11 %, ocupación 52,2 % (EPA III-2024).

John Maynard Keynes (1936), en la Teoría General, realizó la crítica más influyente a la visión clásica: el paro involuntario —trabajadores que desearían trabajar al salario vigente pero no encuentran empleo— es la regla, no la excepción, en las economías capitalistas modernas. Su origen no es la rigidez salarial ni el salario de reserva excesivo sino la insuficiencia de demanda agregada: si las empresas no tienen perspectivas de vender, no contratan aunque el salario baje. La trampa de la paradoja del ahorro —lo que es racional para cada individuo (ahorrar más en tiempos de incertidumbre) es contractivo para el conjunto si todos lo hacen simultáneamente— hace que la economía pueda quedar atrapada en un equilibrio de subempleo que el mercado no corrige espontáneamente. La solución keynesiana es la política fiscal expansiva mediante gasto público que reactive la demanda agregada, con efectos amplificados por el multiplicador (k = 1/(1-PMC)). Esta lógica es la que justificó los planes de estímulo de la Gran Recesión (ARRA en EE. UU., 2009) y el NextGenerationEU (2021). Conviene matizar que la versión moderna —la Nueva Economía Keynesiana— no requiere que los salarios sean rígidos por razones psicológicas: basta con que los precios se fijen con rigidez à la Calvo (contratos escalonados que no se ajustan de forma continua) para que la demanda tenga efectos reales a corto plazo.

Modelan la búsqueda de empleo con fricción: hacen falta costes y tiempo para emparejar ofertas y demandas. Explica el paro friccional y el efecto de las políticas activas.

El modelo MP usa la función de matching M = m(U, V), con U paro y V vacantes; la tightness θ = V/U define la probabilidad relativa de encontrar empleo o de cubrir una vacante. Un punto clave es que las políticas de aumento del valor del empleo (formación, intermediación, prestación) afectan a la tasa de salida del paro. Los Premios Nobel 2010 fueron Diamond, Mortensen y Pissarides; sus modelos son la base de los modelos macro con desempleo (Galí, Smets-Wouters).

El Premio Nobel 2023 (Claudia Goldin, Harvard) reconoce la mayor explicación histórica de la participación laboral femenina y de la brecha salarial de género en el largo plazo. En sus trabajos clave (Understanding the Gender Gap 1990, Career and Family 2021), Goldin documenta una curva en U: alta participación femenina en la economía agraria, descenso con la industrialización, recuperación con la urbanización, terciarización y revolución del control de la natalidad (la «píldora» como tecnología fundamental, Goldin-Katz 2002). Hoy la brecha salarial residual ya no se explica por discriminación directa ni por capital humano, sino por la «penalización por maternidad» y por la rigidez del trabajo «codicioso» (greedy work).

Implicaciones para la política pública española: corresponsabilidad en cuidados (RDL 5/2023 amplía permisos parentales no transferibles a 16 semanas), Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva, planes de igualdad obligatorios en empresas de más de 50 trabajadores, registro retributivo, transparencia salarial (Directiva UE 2023/970, transposición pendiente). En España el gender employment gap es de 9 puntos, uno de los más reducidos del sur de Europa, pero todavía notable frente a los países nórdicos.

Las políticas pasivas de empleo son aquellas que mantienen la renta de los trabajadores desempleados sin exigirles una participación activa en la búsqueda de empleo o en la formación. Su función principal es de seguro social: suavizan el consumo durante el período de desempleo y actúan como estabilizadores automáticos del ciclo económico —se expanden en recesión y se contraen en expansión, moderando la demanda agregada sin necesidad de decisión legislativa específica. El sistema español distingue tres niveles: (1) la prestación contributiva (nivel contributivo del sistema de protección), financiada con cotizaciones y proporcional al salario previo y al período cotizado, con una cuantía del 70 % de la base reguladora durante los primeros seis meses y el 60 % a partir del séptimo, con una duración máxima de dos años; (2) el subsidio asistencial (nivel asistencial), para quienes agotan la prestación contributiva o no cumplen los requisitos de carencia, con cuantía del 80 % del IPREM (~570 € en 2024) y duración variable; y (3) el Ingreso Mínimo Vital (IMV, Ley 19/2021), prestación no contributiva de última red, que garantiza una renta mínima a hogares en situación de vulnerabilidad extrema —hasta 2.400 € mensuales para familias grandes, con 1,2 millones de hogares beneficiarios en 2024. El debate teórico central gira en torno al efecto del seguro de desempleo sobre la tasa de salida del paro: una prestación generosa puede reducir el incentivo a buscar empleo rápidamente (moral hazard). La evidencia empírica (Chetty 2008, AER) muestra que el efecto es real pero cuantitativamente modesto, y que los beneficios en términos de mejor match empleo-trabajador compensan el coste de un mayor tiempo de búsqueda.

• 2012: flexibilización (descentralización convenios, despido más flexible).

• 2022 (RDL 32/2021): limitar temporalidad, prioridad convenio sectorial, fijos-discontinuos.

• Ley 3/2012, Ley 32/2021 trabajo a distancia.

• SMI: 1.134 €/14 pagas (2024). Debate académico (Card-Krueger Nobel 2021): no siempre destruye empleo.

La conexión entre este tema y el Tema 32 (cambio técnico) es fundamental para el opositor. El marco de Acemoglu y Restrepo (2018, 2020) sobre tareas y automatización predice que España, con un elevado peso del empleo en sectores de media-alta rutinización (hostelería, construcción, comercio), podría ver afectados entre el 20 % y el 25 % de los puestos de trabajo por la automatización en los próximos 10-15 años, según el informe OCDE Employment Outlook 2023. El informe Frey-Osborne (2013) estimó en su día el 47 % de ocupaciones en riesgo en EE. UU., pero la evidencia posterior muestra que la sustitución se produce por tareas dentro de cada ocupación, no por ocupaciones enteras.

Las implicaciones para la política española son directas: el Plan de Recualificación del PRTR (objetivo: 600.000 trabajadores recualificados 2021-2026), el refuerzo de la FP dual (Ley 3/2022) y la creación de microcredenciales universitarias son respuestas institucionales al riesgo de desplazamiento tecnológico. El reto demográfico agrava el cuadro: España perderá 3,8 millones de activos por jubilación en los próximos 15 años (Banco de España 2023), lo que convierte la automatización en una necesidad de productividad más que en una amenaza neta de desempleo, siempre que la recualificación sea suficientemente rápida.

Con datos EPA del tercer trimestre de 2024, España alcanzó un máximo histórico de 21,8 millones de ocupados y una tasa de paro del 11,2 %, todavía superior a la media UE (5,9 % Eurostat). La temporalidad cayó del 25 % en 2021 al 15 % en 2024 tras la reforma laboral RDL 32/2021, gracias al uso del contrato fijo-discontinuo (~1 millón de altas anuales). El paro juvenil (16-24) se mantiene en torno al 25 %, dos veces y media la media de la zona euro. La tasa de empleo femenina (49 %) sigue cinco puntos por debajo de la masculina, y la brecha salarial bruta de género es del 18,4 % (Eurostat 2022), reducible al 8 % cuando se ajusta por sector y antigüedad.

El SMI ha pasado de 736 € en 2018 a 1.134 €/mes (14 pagas) en 2024, una subida del 54 % sin destrucción neta de empleo, en línea con los hallazgos de Card y Krueger (Nobel 2021) en EE. UU. La tasa de cobertura por convenio colectivo es del 80 %. El gasto en políticas activas de empleo (formación, intermediación, bonificaciones) ronda el 0,6 % del PIB, por debajo de Alemania (1 %) o Dinamarca (2 %), referente histórico de la flexiseguridad.