Tema 33

Las tres crisis de los últimos quince años han revelado la dependencia del mercado laboral español respecto al diseño institucional de los mecanismos de ajuste. La Gran Recesión (2008-2014) destruyó 3,8 millones de empleos netos —la cifra más alta de cualquier país de la OCDE en términos relativos—, elevando la tasa de paro del 8,6 % al 26,9 %. El mecanismo de ajuste fue exclusivamente externo: despido, fin de contrato temporal, emigración. La elevada temporalidad del mercado laboral español (27 % en 2008) actuó como «fusible»: los primeros en perder el empleo fueron los temporales, que absorbieron el grueso del ajuste, acentuando la dualidad. La pérdida de PIB acumulado fue del 8,9 %, y la recuperación del empleo no recuperó los niveles precrisis hasta 2018.

La recesión COVID (2020) ofrece el contrafactual institucional: el mecanismo de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), prestado a gran escala por primera vez, protegió a 2,8 millones de trabajadores en el pico (abril 2020), evitando una destrucción de empleo similar a 2008. El PIB cayó un 11,2 % —mayor caída que en la Gran Recesión— pero el paro solo subió 3 puntos (del 13,8 % al 16,9 %), demostrando que el diseño de las instituciones laborales puede desacoplar la caída del PIB de la destrucción de empleo. El coste fiscal fue de ~28.000 M€ en prestaciones ERTE, inferior al coste social y económico que habría generado el desempleo masivo alternativo. La crisis energética-inflacionaria de 2022 tuvo un impacto laboral contenido: el ajuste se realizó principalmente vía precios y caída de rentas reales, sin destrucción de empleo significativa, gracias a las subidas del SMI, los ERTE activados en automoción y el escudo social.

La economía sumergida —también denominada economía informal, no observada u oculta— comprende las actividades productivas que generan valor añadido real pero que permanecen al margen del sistema oficial de declaración fiscal y estadística. La distinción conceptual más importante es la que separa la economía sumergida de las actividades ilegales: la economía sumergida incluye trabajo no declarado (un fontanero que cobra en metálico), producción doméstica no contabilizada, o una empresa que subfactura sus ingresos, pero no el narcotráfico ni la prostitución forzada —actividades que constituyen la economía criminal, que desde 2014 el SEC 2010 obliga a incluir en las cuentas nacionales (con estimaciones a partir de datos indirectos). La distinción también excluye la producción doméstica (cocinar, cuidar a los hijos, reparar el hogar), que no se declara simplemente porque no hay transacción monetaria: Waring (1988) y la economía feminista denunciaron que esta omisión invisibiliza sistemáticamente el trabajo de las mujeres, estimado en entre el 10 % y el 15 % del PIB. La medición de la economía sumergida es inherentemente difícil precisamente porque quienes la practican la ocultan. El método MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes) de Schneider combina indicadores como la demanda de efectivo, el consumo eléctrico, las horas trabajadas y la presión fiscal para inferir el tamaño de la economía oculta mediante un modelo de variable latente. El método de la discrepancia en la encuesta de hogares compara ingresos declarados con gastos declarados. El análisis monetario rastrea la demanda de billetes de alta denominación que solo tienen sentido en transacciones ocultas. Cada método tiene sus sesgos; la combinación de varios ofrece los rangos más robustos.

El sindicalismo nació en la Inglaterra de la primera revolución industrial (Trade Combination Acts, 1799-1800, prohibían las asociaciones obreras; revocados en 1824-1825), se consolidó en Europa occidental durante el siglo XIX como movimiento de resistencia a las condiciones laborales del capitalismo manchesteriano, y alcanzó su apogeo en los años 50-70 del siglo XX, cuando los grandes sindicatos industriales negociaban los pilares del Estado del Bienestar fordista. A partir de los años 80, la desindustrialización, la globalización, la fragmentación productiva (subcontratación, plataformas), el ascenso del empleo temporal y autónomo, y las reformas de Thatcher en el Reino Unido aceleraron la caída de la tasa de sindicalización en todos los países anglosajones y de Europa continental.

En España, la represión franquista y la organización sindical corporativa (OSE, sindicato vertical oficial) dieron paso, tras la Transición, a la legalización de CCOO y UGT (1977) y a los Pactos de la Moncloa como primer gran acuerdo de concertación. Hoy, la tasa de sindicalización es del ~16 % frente al 68 % de Dinamarca o el 65 % de Suecia —una brecha que refleja diferencias estructurales en el modelo de relaciones laborales. Sin embargo, la cobertura de la negociación colectiva en España alcanza el 80 % gracias a la extensión legal automática de los convenios sectoriales, equiparable a la de Italia, Francia o Bélgica y muy por encima de Reino Unido o Polonia (menor que 30 %). España: CCOO y UGT (mayoritarios), CGT, USO, ELA, LAB.

El modelo español de relaciones laborales se ha apoyado, especialmente desde la Transición, en el diálogo social tripartito: Gobierno, organizaciones empresariales (CEOE, Cepyme) y sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT). Hitos clave: Pactos de la Moncloa (1977), Acuerdo Marco Interconfederal 1980 y siguientes (AES, AINC, AENC), Pacto de Toledo (1995, base de las reformas de pensiones), Acuerdos para el empleo y la negociación colectiva (AENC I-VI), reforma laboral 2022, subidas del SMI 2018-2024, reforma de pensiones 2021-2023. Aunque en algunos momentos la patronal o un sindicato se han desmarcado, la lógica tripartita ha sostenido la mayoría de las grandes reformas socioeconómicas en democracia.

• Constitución 1978 (art. 37): garantía.

• Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015, Título III).

• Ley Orgánica Libertad Sindical 11/1985.

• Huelga: derecho constitucional (art. 28.2).

• Cierre patronal (lockout).

• Mediación y arbitraje: SIMA (estatal), SERCLA (Andalucía), TL (Madrid).

• ERE y ERTO: expedientes de regulación temporales o definitivos.

• MECUIDA: medidas conciliación.

La salud mental se ha consolidado como la nueva frontera de la política laboral, tanto en España como en Europa. El informe Eurofound (2022) sobre condiciones de trabajo en la UE (6th European Working Conditions Survey) documenta que el 44 % de los trabajadores europeos reporta estrés relacionado con el trabajo como problema frecuente, el 25 % señala presentismo (trabajar enfermo por presión laboral) y el riesgo de burnout afecta a más del 20 % de la población activa en los países de mayor intensidad laboral. En España, las bajas por enfermedad de causa psicológica representaron el 23 % del total en 2023 (INSS), por encima de las musculoesqueléticas por primera vez, con un coste estimado de 12.000 M€ en productividad perdida. Las causas estructurales son la intensificación del trabajo digital, la conectividad permanente (el derecho a la desconexión digital, art. 88 Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018, no se cumple efectivamente en el 60 % de las empresas según CCOO 2023), el management algorítmico en plataformas y la erosión de los límites entre vida laboral y personal que el teletrabajo masivo de 2020-2022 aceleró. En respuesta, el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC V, 2023-2025), firmado por CEOE-Cepyme, CCOO y UGT, incorpora por primera vez un capítulo específico sobre riesgos psicosociales que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a evaluar el riesgo de burnout, estrés laboral y acoso, y a negociar protocolos de actuación. La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 hace del bienestar psicosocial uno de sus tres ejes prioritarios.