⚖️ Tema 36

Bergson-Samuelson (1938-47): W = W(U₁,…,Uₙ). Sumatoria utilitarista: W = ΣUᵢ (Bentham-Mill). Rawls (1971): maximin, W = min(Uᵢ) — justicia para el más desfavorecido. Nozick (1974): libertad individual sobre distribución.

• Coeficiente Gini (0 = igualdad perfecta, 1 = máxima desigualdad). España 0,32 (2023).

• Curva de Lorenz: acumulación de renta por percentiles.

• Índice Atkinson (1970): incorpora aversión a la desigualdad.

• Palma ratio: 10 % superior / 40 % inferior.

El indicador europeo AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion) integra tres componentes: riesgo de pobreza monetaria (60 % de la renta mediana), privación material y social severa (PMSS) y baja intensidad laboral en el hogar. En España, la tasa AROPE fue del 26,5 % en 2023, equivalente a unos 12,5 millones de personas; la pobreza infantil (menores de 16) se sitúa en el 28,6 %, una de las más elevadas de la UE-27. El Gini de España (renta disponible) es de 0,32, ligeramente superior a la media de la UE (0,30) pero por debajo de EE. UU. (0,40). El cociente S80/S20 (renta del 20 % superior dividida por la del 20 % inferior) es de 5,5 veces.

El sistema fiscal y de transferencias modera la desigualdad: el Gini bruto (antes de impuestos y prestaciones) sería del 0,49; los impuestos reducen 4 puntos, las prestaciones (pensiones, paro, IMV) otros 13. Los cuatro impuestos con mayor capacidad redistributiva en España son el IRPF (progresivo), las cotizaciones sociales (financian pensiones), el ISD (sucesiones) y el IP (patrimonio), mientras que el IVA y los impuestos indirectos tienen carácter regresivo, afectando proporcionalmente más a los hogares de menor renta.

Okun (1975): Equality and Efficiency, the Big Tradeoff. El «cubo con agujeros»: redistribuir tiene costes de eficiencia. Pero estudios recientes (OCDE, FMI) indican que excesivas desigualdades reducen crecimiento.

Trabajos del FMI (Ostry-Berg 2014, 2018) sugieren que las economías con menor desigualdad ex-post (tras impuestos y prestaciones) presentan ciclos de crecimiento más prolongados. Piketty (Le capital au XXI^e siècle, 2013) introdujo la desigualdad patrimonial como dimensión clave: la regla r mayor que g implicaría una concentración creciente de la riqueza en la cúspide. Saez-Zucman documentan el ascenso del top 1 % en EE. UU. del 8 % de la renta total en 1980 al 20 % en 2020. Atkinson propuso 15 medidas concretas (en Inequality: What Can Be Done?, 2015) para revertir la tendencia: cuña fiscal sobre rentas altas, impuesto sobre herencias, salario mínimo nacional vinculado a la mediana, dividendo de capital para los jóvenes.

• Liberal: EE.UU., UK. Mínimo, residual.

• Conservador-corporativo: Alemania, Francia. Prestaciones ligadas a empleo.

• Socialdemócrata: Nórdicos. Universalista, generoso.

• Mediterráneo (Ferrera 1996): España, Italia. Familiarista, dualidad.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) (RDL 20/2020, consolidado por la Ley 19/2021) es la primera prestación estatal española de garantía de ingresos no contributiva, gestionada por la Seguridad Social. Cobertura objetivo: 850.000 hogares (~2,3 millones de personas) en situación de pobreza severa. La cuantía depende del tipo de unidad de convivencia: 604 €/mes para un adulto solo, hasta 1.450 € para hogares con varios menores. Compatible con rentas del trabajo (incentivo al empleo) y con las rentas mínimas autonómicas, que actúan como complemento.

Además del IMV, existen 17 sistemas autonómicos de rentas mínimas con denominaciones, requisitos y cuantías muy heterogéneos (Renta de Garantía de Ingresos en País Vasco, Renta Mínima de Inserción en Cataluña, Renta Valenciana de Inclusión, etc.). El conjunto de prestaciones sociales no contributivas (PNC, IMV, rentas autonómicas, ayudas a la dependencia) cubre actualmente al 4,5 % de la población, frente al 2,9 % en 2018, pero todavía con tasas de non-take-up (no acceso por desconocimiento o complejidad burocrática) entre el 30 % y el 60 % según colectivos.

• Envejecimiento: presión sobre pensiones y sanidad.

• Reformas pensiones: Ley 21/2021, Ley 12/2022 (MEI, mecanismo equidad intergeneracional).

• IMV (Ingreso Mínimo Vital, 2020): 800.000 beneficiarios.

• Fiscalidad: presión medio-baja UE. Debate impuesto riqueza, grandes fortunas.

• Estado del bienestar digital: algoritmos, derechos.

El sistema español de pensiones es un sistema de reparto contributivo de la Seguridad Social: las cotizaciones de los activos financian las pensiones presentes (no se acumula un fondo de capitalización individual). Tras décadas de reformas, la arquitectura actual descansa en cuatro normas clave: Pacto de Toledo (1995, renovado 2020), Ley 27/2011 (retraso edad legal a 67 años), Ley 21/2021 (recuperación de la actualización conforme al IPC) y Ley 12/2022 (Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI). El último paquete (RDL 2/2023) ha introducido una sobrecotización temporal del 0,6 % (MEI), un nuevo cómputo dual del periodo de cálculo (28 años posibles eligiendo los mejores 25), una mejora del coeficiente reductor en jubilaciones anticipadas voluntarias y un nuevo destope de las bases máximas y la pensión máxima.

Los datos: 9,3 millones de pensionistas en 2024 (+1,5 millones desde 2010), pensión media contributiva de 1.260 €, gasto en pensiones del 12,3 % del PIB (UE: 11,4 %), proyectado al 13,5-15 % en 2050 según AIReF y Banco de España. El sistema no es deficitario en términos de cotizaciones puras pero requiere transferencias presupuestarias del Estado para cubrir los «gastos impropios» (clases pasivas, complementos a mínimos, viudedad, incapacidad). El Plan de Pensiones de Empleo Pública (Ley 12/2022) impulsa el segundo pilar mediante incentivos fiscales y el Plan de Empleo de la AGE.