Supuesto 11
Enunciado
Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) regulados en el Estatuto de los Trabajadores (arts. 47 y 47 bis ET, RDLeg 2/2015) y activados masivamente durante el COVID-19 (RDL 8/2020) fueron presentados como una innovación de política de empleo que evitaría la destrucción masiva de trabajo característica de la crisis de 2008. El mecanismo es análogo al Kurzarbeit alemán (regulado por el §96 SGB III).
Se dispone de los siguientes datos para el análisis comparado:
Crisis 2008-2009 (España): Caída del PIB real acumulada: −3,6 % | Destrucción de empleo: −2,2 M puestos en 2008-2010 | Coste de las prestaciones por desempleo 2009: 30.000 M€
COVID-2020 (España — ERTE): Caída del PIB real: −10,8 % (2020) | Trabajadores en ERTE pico (abril 2020): 3,4 M | Coste fiscal ERTE 2020: 18.500 M€ (SEPE + cotizaciones exoneradas) | Destrucción empleo neta EPA 2020: −600.000 puestos
COVID-2020 (Alemania — Kurzarbeit): Caída PIB real: −4,6 % | Trabajadores en Kurzarbeit pico (abril 2020): 6,0 M | Coste 2020: 42.000 M€ | Destrucción empleo neta: −500.000 puestos
Se pide:
- Calcular el coste por puesto de trabajo preservado del ERTE español y del Kurzarbeit alemán en 2020.
- Comparar la eficiencia relativa de ambos instrumentos y del mecanismo de destrucción-creación de 2008 (despidos y prestaciones por desempleo).
- Analizar las condiciones bajo las cuales el ERTE es superior al despido como política de ajuste, con base en los modelos de coste de ajuste laboral.
- Evaluar las limitaciones del ERTE como política estructural y el riesgo de zombificación empresarial.
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El coste por puesto de trabajo preservado es un indicador de eficiencia de la política de empleo: relaciona el gasto público total con el número de empleos que no se destruyeron gracias al instrumento. Para calcularlo necesitamos estimar los puestos realmente preservados, no sólo los acogidos al ERTE/Kurzarbeit, ya que no todos habrían sido destruidos sin el instrumento.
Antes de dividir, hay que fijar el denominador, y aquí está toda la dificultad del apartado: los dos países deben medirse con el mismo criterio. El más defendible con los datos disponibles es el observable: trabajadores que pasaron por el instrumento en su pico, menos los empleos que aun así se destruyeron.
El ERTE resultó un 13,5 % más barato por puesto preservado, no varias veces más barato. La diferencia se explica sobre todo por la generosidad relativa de cada esquema —el Kurzarbeit cubre una fracción mayor del salario y durante más tiempo— y no por una eficiencia administrativa superior.
Conviene ver por qué la comparación es sensible al criterio. Una estimación alternativa para España parte del contrafactual: en 2008-2010 se destruyeron 2,2 M de empleos con una caída del PIB del 3,6 %; en 2020 la caída fue del 10,8 %, tres veces mayor, lo que apuntaría a una destrucción potencial de 6,6 M de empleos sin políticas de retención. Con esa base, los puestos preservados serían 6.600.000 − 600.000 = 6.000.000 y el coste unitario bajaría a 3.083 €/puesto. Pero ese número no es comparable con el alemán, porque para Alemania no se ha construido ningún contrafactual equivalente: mezclar un denominador hipotético con uno observado es lo que produce ventajas aparentes de dos y tres veces. Si se usa el contrafactual, hay que construirlo para los dos países.
Con el mismo criterio observable: ERTE España ≈ 6.607 €/puesto | Kurzarbeit Alemania ≈ 7.636 €/puesto. El ERTE fue un 13,5 % más barato por puesto preservado. Con el contrafactual de 2008, el dato español bajaría a 3.083 €/puesto, pero entonces no sería comparable con el alemán.
En la crisis de 2008, el mecanismo de ajuste fue predominantemente el despido masivo (concentrado en el sector de la construcción y los contratos temporales), seguido del pago de prestaciones por desempleo. El coste fue de 30.000 M€ en 2009 por 2,2 M de empleos destruidos, lo que equivale a:
Este coste sólo incluye prestaciones directas, no los costes indirectos (pérdida permanente de capital humano específico, costes de recontratación y formación cuando llegó la recuperación, costes sociales del desempleo de larga duración). Oi (1962, Labor as a Quasi-Fixed Factor, JPE) demostró que el capital humano específico es un coste hundido para la empresa: el despido destruye ese capital, que deberá reconstituirse en la recuperación con coste adicional.
Coste ajuste 2008: 13.636 €/desempleado. Los ERTE 2020 a 6.607 €/puesto son 2,1 veces más baratos por unidad de empleo gestionada, además de evitar los costes indirectos de la destrucción de capital humano.
Los modelos de coste de ajuste laboral (Hamermesh y Pfann, 1996, Adjustment Costs in Factor Demand, JEL) establecen que el despido es costoso no sólo por las indemnizaciones sino por la pérdida del capital humano específico acumulado. El ERTE preserva el vínculo laboral (match) entre trabajador y empresa, manteniendo el capital humano específico. Esta preservación es valiosa cuando: (i) el shock es transitorio (cuando pase, la empresa necesitará esos trabajadores de nuevo), (ii) el capital humano específico de la empresa es elevado (no es trivial encontrar sustitutos), y (iii) el coste de recontratación y formación es alto.
El criterio de opción entre ERTE y despido desde la perspectiva de la empresa es:
Durante el COVID-19, estas condiciones se daban con claridad: el shock era claramente transitorio (cierre administrativo, no colapso estructural de la demanda), el capital humano hotelero, hostelero y de servicios es altamente específico, y las tasas de retorno de los trabajadores a sus empresas originarias tras el ERTE alcanzaron el 85-90 % (SEPE, 2021).
El ERTE es superior al despido cuando el shock es transitorio, el capital humano específico es alto y la empresa tiene viabilidad futura. Tasa de retorno post-ERTE 2020: 85-90 %.
La extensión prolongada de los ERTE introduce riesgos estructurales. El principal es la zombificación empresarial: empresas sin viabilidad económica real que sobreviven gracias a la subvención pública implícita de los ERTE, retrasando la reasignación productiva del trabajo y el capital hacia sectores más eficientes. Caballero, Hoshi y Kashyap (2008, Zombie Lending and Depressed Restructuring in Japan, AER) documentaron este fenómeno en Japón en los años 90. En España, la AIReF (2021) estimó que un 15-20 % de las empresas con ERTE prolongados más de 12 meses no habrían sobrevivido sin el instrumento.
Los ERTE del COVID-19 son un ejemplo paradigmático de política keynesiana de estabilización del mercado laboral: mantener la demanda agregada (los trabajadores en ERTE siguen consumiendo gracias a la prestación), preservar el capital humano y evitar la histéresis del paro (Blanchard-Summers, 1986). El coste fiscal de 18.500 M€ se compara favorablemente con los 30.000 M€ de prestaciones de 2009 para la mitad de empleos afectados. Sin embargo, la comparación internacional (Kurzarbeit alemán activado desde los años 70, con cultura establecida de trabajo a tiempo reducido, con buena cobertura del 60-80 % del salario neto perdido) revela que España impulsó el ERTE como medida de emergencia sin la tradición institucional que sustenta el sistema alemán. El reto de política económica es diseñar un instrumento permanente que distinga entre shocks transitorios (ERTE adecuado) y shocks permanentes que requieren reasignación sectorial (donde el ERTE prolonga el ajuste innecesariamente). El actual ERTE ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción) es el instrumento más parecido a un Kurzarbeit permanente, pero su uso es todavía marginal en comparación con el despido colectivo.
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